La falta de cobertura y la antigüedad de algunos documentos representan retos para la prevención de desastres y la planeación territorial.
En Aguascalientes, únicamente cinco de los 11 municipios cuentan con un Atlas de Riesgos identificado en el registro del Atlas Nacional de Riesgos. Se trata de Aguascalientes, El Llano, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga.
En los municipios restantes no se localizaron documentos de este tipo en el apartado correspondiente a la entidad dentro del registro del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). A esta situación se suma que algunos de los atlas disponibles tienen más de una década de antigüedad, lo que genera cuestionamientos sobre la vigencia de la información utilizada para identificar amenazas y zonas vulnerables.
Entre los documentos más antiguos se encuentran los de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, ambos publicados en 2012. El primero tuvo su versión final en agosto de ese año, con el respaldo de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y la participación del Centro de Estudios Estratégicos de Planeación Prospectiva.
Por su parte, el Atlas de Riesgos de Rincón de Romos fue elaborado por la consultoría MAPLE, especializada en manejo ambiental y planeación ecológica, también con participación de la Sedesol.
En contraste, Pabellón de Arteaga incorporó recientemente su Atlas de Riesgos, publicado esta semana en el Periódico Oficial del Estado. El documento identifica 47 fallas y grietas geológicas que, en conjunto, superan los 63 kilómetros de longitud.
Además, delimita zonas susceptibles a inundaciones y advierte sobre problemáticas relacionadas con la sequía y la sobreexplotación del acuífero, factores que deben considerarse en las estrategias de prevención y ordenamiento territorial.
La información disponible muestra que menos de la mitad de los municipios de Aguascalientes cuenta con un instrumento de este tipo localizado en el registro nacional. Sin embargo, disponer de un atlas no garantiza que sus diagnósticos continúen vigentes, especialmente ante los cambios en el crecimiento urbano y las condiciones de exposición a fenómenos naturales.
Ante este panorama, resulta necesario conocer la situación de los municipios que no cuentan con un documento localizado y revisar la actualización de los instrumentos existentes.
Contar con información vigente y cobertura en todo el territorio estatal permitiría identificar áreas de riesgo, orientar las medidas preventivas y mejorar la planeación urbana, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población ante posibles desastres.
