El Ayuntamiento de Aguascalientes avanza en la recuperación de más de 600 millones de pesos, tras una resolución judicial que ordena la devolución de recursos por parte de una empresa privada.
Dichos fondos serán utilizados en proyectos de infraestructura, servicios públicos y la posible adquisición de la zona conocida como La Pona.
Las autoridades municipales informaron que el monto corresponde a un periodo de más de año y medio y actualmente ya se encuentra disponible, mientras continúa la fase de ejecución de sentencia que definirá la cantidad total actualizada que deberá ser reintegrada. Este proceso se deriva de la anulación de un contrato de eficiencia energética firmado en 2019.
Entre los planes contemplados se encuentra la compra de cerca de 40 hectáreas de propiedad privada en La Pona, con el objetivo de transformarlas en un parque o bosque urbano. Para ello, se mantienen negociaciones que podrían concretarse próximamente con el respaldo del gobierno estatal, lo que permitiría consolidar el espacio como un área natural protegida de acceso público.
Asimismo, los recursos permitirán la pavimentación de alrededor de 100 calles, la ampliación del relleno sanitario, la modernización del rastro municipal, así como la adquisición de camiones recolectores y hasta mil contenedores de residuos.
En materia de servicios, también se contempla la perforación de cinco nuevos pozos de agua y la mejora del sistema sanitario previo a la temporada de lluvias. A esto se suma la actualización del sistema de videovigilancia, la incorporación de cámaras corporales para elementos de seguridad, la modernización de semáforos y señalización, así como la compra de equipo especializado para Protección Civil.
La devolución de estos recursos fue ordenada por una autoridad judicial, que determinó la nulidad de un contrato de asociación público-privada, lo que dio paso al proceso para cuantificar el monto total a reintegrar. De manera inicial, se estableció la restitución de más de 426 millones de pesos por contraprestaciones, además de cerca de 175 millones por pagos relacionados con el suministro de energía eléctrica, cifras que deberán actualizarse conforme avance el proceso legal.
