El conflicto en La Concepción también involucra señalamientos sobre un intento de destitución de la presidenta del comisariado ejidal y presuntas irregularidades de la Procuraduría Agraria.
Ejidatarios de la comunidad de La Concepción, en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, denunciaron la presunta apropiación ilegal de un terreno perteneciente al núcleo agrario, situación que ha generado un conflicto interno y acciones para remover de su cargo a la presidenta del comisariado ejidal.
Manuel Medina Ortega, dirigente del Frente de Lucha Campesina de Aguascalientes, explicó que las diferencias comenzaron luego de que Jacinta Ruvalcaba Rangel, presidenta del comisariado ejidal, buscara acreditar legalmente la propiedad del terreno a favor del ejido.
De acuerdo con el dirigente, otro grupo de campesinos habría tomado posesión de la parcela, pese a que, sostiene, forma parte del patrimonio colectivo del núcleo agrario y su apropiación contraviene las disposiciones de la legislación agraria.
El representante campesino señaló que esta situación provocó inconformidad entre algunos integrantes del ejido, quienes presuntamente impulsaron acciones para destituir a Ruvalcaba Rangel de la presidencia del comisariado.
Asimismo, acusó a la Procuraduría Agraria en Aguascalientes de intervenir de manera irregular en el procedimiento y de intentar asumir atribuciones que, aseguró, corresponden exclusivamente a los propios ejidatarios.
Medina Ortega sostuvo que la remoción de una mesa directiva o de la persona titular del comisariado debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación agraria, entre ellos contar con la solicitud de al menos 20 ejidatarios o del 20 por ciento del total de integrantes del núcleo agrario.
Ante la falta de acuerdos, los afectados anunciaron que acudirán al Tribunal Agrario para solicitar la restitución de la parcela y reclamar posibles daños y perjuicios derivados del conflicto.
Finalmente, insistieron en que la disputa por el terreno debe resolverse mediante los procedimientos legales correspondientes y no a través de acciones que, desde su perspectiva, busquen remover a quienes defienden los derechos y el patrimonio del ejido.
