La implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, programada inicialmente para 2027, podría retrasarse hasta 2029 o incluso 2030 debido a los pendientes en la aplicación de la reforma judicial en diversas entidades del país y a la falta de condiciones operativas para su entrada en vigor.
La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, María José Ocampo Vázquez, señaló que el aplazamiento sería necesario ante los cambios derivados de la reforma judicial, ya que aún existen estados que no han concluido este proceso.
Explicó que actualmente 14 entidades tienen pendiente la implementación de su reforma judicial, cuyo proceso se extendería hasta 2028, por lo que resultaría complicado iniciar antes la aplicación de un nuevo modelo procesal sin que se definan primero los cambios en los poderes judiciales locales.
La funcionaria consideró que capacitar a jueces y equipos jurisdiccionales para operar bajo un nuevo esquema representaría un reto, debido a que podrían registrarse relevos de personal tras las elecciones judiciales previstas en los estados pendientes.
Indicó que corresponderá al Congreso Federal determinar si se concede una prórroga, como ocurrió previamente con los ajustes relacionados con la reforma judicial en las entidades que aún no completan su proceso.
Además, destacó que, en caso de aprobarse la ampliación del plazo, será necesario que la Federación destine recursos adicionales para respaldar a los poderes judiciales estatales durante la transición, tal como ocurrió con la implementación de otros cambios nacionales en materia penal y laboral.
