Abandono de procesos legales por parte de Veolia favoreció a usuarios en Aguascalientes

La falta de seguimiento por parte de la exconcesionaria del servicio de agua potable, Veolia, a diversos procesos legales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado derivó en el cierre de numerosos expedientes, situación que benefició a ciudadanos que habían promovido demandas por presuntos cobros indebidos.

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, informó que durante el periodo en que la empresa operó el servicio se acumularon entre 700 y 800 expedientes, además de otros asuntos distribuidos en distintas salas. Gran parte de estos casos correspondían a inconformidades de usuarios relacionadas con adeudos o errores en la facturación del servicio.

Explicó que la empresa dejó de señalar un domicilio para recibir notificaciones y dar continuidad a los juicios, por lo que, una vez agotados los plazos legales establecidos, varios procedimientos fueron sobreseídos o declarados extinguidos debido a la imposibilidad de localizar a la parte demandada.

El magistrado señaló que, cuando el tribunal acreditaba la existencia de un cobro indebido, se ordenaba la cancelación de los adeudos y la actualización de los estados de cuenta en favor de los usuarios. Sin embargo, al abandonar la defensa de estos asuntos, la exconcesionaria dejó sin seguimiento los procesos relacionados con su cartera vencida.

Asimismo, indicó que los litigios presentados durante la vigencia de la concesión fueron dirigidos contra la empresa responsable de prestar el servicio y no contra el municipio, al tratarse de una relación jurídica derivada de la concesión.

En contraste, destacó que el número de demandas en contra del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) es considerablemente menor, debido a que se trata de un organismo de reciente creación.

Finalmente, recordó que con la entrada en funciones de MIAA no se trasladaron los adeudos generados durante la operación de Veolia, ya que estos correspondían a obligaciones contraídas con la empresa concesionaria y no con el gobierno municipal.

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Redacción
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