La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio tras las protestas y movilizaciones realizadas en las inmediaciones de la colonia España, donde habitantes exigieron el suministro de agua potable.
El presidente del organismo, Enrique de Loera, informó que el objetivo es analizar las acciones implementadas durante las concentraciones ciudadanas y determinar si existieron posibles afectaciones a los derechos de las personas participantes por parte de servidores públicos.
La instancia defensora señaló que el procedimiento se llevará a cabo bajo criterios de legalidad e imparcialidad, priorizando la protección de garantías como la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica. Asimismo, se busca revisar que la actuación de las autoridades se haya desarrollado conforme a los principios de respeto a la dignidad humana.
Como parte de las diligencias, la Comisión mantiene habilitados sus canales de atención presenciales y digitales para brindar orientación jurídica y recibir testimonios o reportes relacionados con los hechos. El seguimiento forma parte de las acciones de acompañamiento a ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos fundamentales durante este tipo de movilizaciones sociales.
