La eventual ampliación del periodo del titular de la Fiscalía estatal ha reavivado la discusión en torno a sus alcances institucionales y las posibles repercusiones en los mecanismos de supervisión del organismo encargado de la procuración de justicia.
El dirigente estatal del PRI, Kendor Macías, señaló que esta modificación no sólo implicaría un aumento en la duración del cargo, sino que también influiría en la frecuencia con la que se renueva la titularidad y en los procesos de evaluación y vigilancia del desempeño.
Desde la dirigencia priista se advirtió que un mandato más largo podría derivar en una menor rotación al frente de la institución, lo que reduciría las oportunidades de revisar o ajustar su conducción.
En ese sentido, el planteamiento se enfoca en los efectos prácticos que tendría la reforma, particularmente en materia de rendición de cuentas, seguimiento del trabajo institucional y capacidad de adaptación ante los desafíos en seguridad.
Asimismo, se indicó que este debate forma parte de la búsqueda de equilibrio entre la autonomía del organismo y el control democrático.
Aunque los periodos extendidos suelen relacionarse con mayor estabilidad en las políticas públicas, también generan cuestionamientos sobre la flexibilidad del sistema para modificar estrategias cuando los resultados no son favorables.
Otro de los puntos expuestos por el partido es la relevancia de los contrapesos, ya que al prolongarse el tiempo de gestión, los mecanismos de supervisión legislativa y administrativa adquieren mayor importancia al disminuir la frecuencia en la sustitución del titular.
La propuesta se analiza en medio de crecientes demandas ciudadanas en materia de justicia y seguridad. De concretarse, la modificación no sólo impactaría en la duración del encargo, sino también en la dinámica de evaluación política e institucional dentro de una de las áreas más sensibles del aparato estatal.
