Tras el cambio en la administración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la investigación derivada de la estafa tipo Ponzi de la que la institución fue víctima en 2023, el actual rector, Juan Carlos Arredondo Hernández, aseguró que el proceso legal seguirá su curso.
Sin embargo, consideró poco probable que los antiguos rectores enfrenten penas de prisión en caso de que se determine alguna responsabilidad.
El titular de la UAA señaló que, aunque existe una posible responsabilidad administrativa por la autorización de inversiones durante gestiones anteriores, las evidencias apuntan a que dichas decisiones se tomaron actuando de buena fe.
Indicó que será la autoridad correspondiente la encargada de determinar las sanciones, las cuales podrían ir desde una destitución hasta una inhabilitación, descartando que se trate de un asunto de carácter penal.
Asimismo, reiteró que la investigación continúa en instancias externas a la universidad, la cual únicamente colabora en la integración de información cuando así le es requerido.
Respecto al manejo actual de fideicomisos, el rector afirmó que durante su administración no se permitirá que ocurra una situación similar.
Subrayó que los presuntos responsables del desfalco serían personas ajenas a la comunidad universitaria que habrían abusado de la confianza otorgada.
En 2023 se dio a conocer que la UAA invirtió al menos 200 millones de pesos provenientes de su fondo de contingencias. Además de esta institución, otras dependencias estatales también habrían resultado afectadas por el mismo esquema fraudulento.
