Diversos colectivos y organizaciones rechazaron las recientes declaraciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA), que descartó la existencia de casos de reclutamiento forzado en la entidad. Las agrupaciones aseguraron que estas prácticas se han identificado con mayor frecuencia desde inicios de 2025.
Olivia Muñoz Campos, vocera del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, relató su propio caso como ejemplo. Su hijo, Edgar Alfredo Quezada Muñoz, fue visto por última vez el 27 de septiembre de 2022, cuando fue sustraído de su casa. “Claro que existe la desaparición forzada. A mi hijo lo sacaron a golpes de nuestro hogar, me destrozaron la casa. El fiscal lo sabe, las autoridades lo saben, porque les hemos mostrado la carpeta directamente”, afirmó.
Otra integrante, Cintia Medina, madre de Carlos Antonio —uno de los jóvenes encontrados en el campamento armado de Rincón de Romos el 26 de julio—, señaló que su hijo desapareció tras acudir a una supuesta entrevista laboral en Jalisco. “Le ofrecieron trabajo y ahora lo tratan como criminal. El 23 de junio salió rumbo a Guadalajara y lo reconocí más de un mes después en una fotografía publicada en redes sociales”, explicó.
El colectivo documenta al menos tres casos adicionales de personas desaparecidas que fueron sustraídas de sus hogares, vistas por última vez acudiendo a entrevistas laborales o incluso privadas de su libertad frente a instituciones educativas.
Por su parte, Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), indicó que su organización ha identificado coincidencias en las circunstancias de varias desapariciones en Aguascalientes, particularmente en aquellas vinculadas a falsas ofertas de trabajo. Además, recordó que el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado está documentado por el OVSG desde 2011.
“Cuando revisamos por primera vez la carpeta de investigación de dos jóvenes aguascalentenses, encontramos al menos 18 casos más en hoteles de Vallarta sin cámaras ni registro de hospedaje. Jóvenes de entre 15 y 25 años eran reclutados”, puntualizó.
Ávila Montejano exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reconocer la problemática y generar políticas públicas efectivas. “Las familias lo han dicho una y otra vez: sus hijos salieron por una oferta laboral o fueron sacados de su domicilio. Esto no comenzó en julio, lo identificamos en el Bajío desde hace más de una década. Todavía hay tiempo para actuar y evitar que más familias vivan esta situación”, concluyó.
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